– Una crisis financiera, consecuencia de maximizar el lucro en el menor lapso de tiempo sin analizar los impactos socioeconómicos que conlleva.
– Una crisis de legitimidad, que pone en duda las actuaciones de los gobiernos a la hora de proteger a la sociedad sin caer en un Estado excesivamente paternalista.
Parece que la primera opción es salvar a las entidades financieras de la quiebra y así lograr reestablecer el asimétrico sistema en el que vivimos. Pero, incluso aunque este paso sea de obligado cumplimiento para reactivar la economía, ¿no debemos depurar las responsabilidades de aquellos que han gestionado incorrectamente nuestro dinero? Estamos hablando de entidades que han asumido riesgos que les proporcionaban las mayores comisiones y una gran rentabilidad, que se han enriquecido con actuaciones cercanas a la ilegalidad, en el mejor de los casos. Hablamos también de organismos reguladores mirando hacia otro lado cuando se han llevado a cabo prácticas poco respetuosas con los ciudadanos. Y, por supuesto, también hablamos de empresas privadas en el sector de la construcción que durante años han ido engrosando las cuentas corrientes de sus directivos y ahora se olvidan de la responsabilidad social de la que presumen en sus memorias para despedir a su plantilla.
¿Debemos reestablecer el sistema actual y seguir premiando a los especuladores o debemos plantearnos unas nuevas reglas de juego en las que se aplique una renovada ética económica?
Un pensamiento crítico 